La Guardia Civil ha entregado al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un informe que cifra en más de 4 millones de euros el gasto público para lograr la independencia de Cataluña que efectuó la Generalitat durante las presidencias de Artur Mas y Carles Puigdemont.
La cifra, revelada por Europa Press, es la suma de los 3,26 millones asociados con la organización del 1-O con 760.000 euros destinados a programas informáticos para la recaudación de impuestos que corresponden al Estado central. Este software, contratado de 2014 hasta las postrimerías de 2017, cuando el gobierno de Puigdemont fue destituido, servía para obtener datos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y de cotizaciones a la Seguridad Social, y para recaudar impuestos.
Los investigadores señalan que la Generalitat interpretó abusivamente la ley general tributaria de forma que la Agencia Tributaria Catalana se presentaba como un intermediario entre los contribuyentes y la Agencia Tributaria española. Asimismo, apuntan como conclusión en el informe entregado al juez que los máximos responsables de la Generalitat pueden haber hecho un mal uso del dinero público ejerciendo competencias que no tenían.
