La Fiscalía Superior de Cataluña ha presentado este viernes una querella contra el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y su Gobierno por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por convocar el referéndum del próximo 1 de octubre. El delito de malversación implica penas de prisión.
La Fiscalía ha presentado las querellas criminales contra el Gobierno catalán ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y contra los miembros de Mesa del Parlamento, presidida por Carme Forcadell, que facilitaron la tramitación de la ley del referéndum.
El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que estas acciones se hacen «en defensa de la legalidad y del derecho, ante la gravedad de la situación generada en la Comunidad de Cataluña, provocada por los responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del mismo Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional».
Maza también ha presentado un oficio en el cual ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d’Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de la celebración del referéndum interviniendo «los efectos del delito», en referencia a las urnas, y elaborando el correspondiente atestado ante «cualquier actuación en el ámbito provincial o local de autoridades, funcionarios públicos o de particulares».
El fiscal general del Estado ha enviado esta orden tanto al fiscal superior de Cataluña cómo a los fiscales en jefe provinciales, en cumplimiento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió la noche de este jueves la ley de referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del próximo 1 de octubre.
