La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el ex-consejero de Justicia y actual diputado de Junts pel Sí Germà Gordó era «el conseguidor o el recaudador» de las presuntas comisiones pagadas por constructoras a Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública. Según el contenido de un escrito de la Fiscalía difundido este viernes por Europa Press, no hay «explicación legal y coherente que justifique la cantidad de gestiones, comidas, interlocuciones y reuniones» mantenidas por Gordó con empresarios investigados.
La Fiscalía concluye que el ex-gerent de CDC «ha ido más allá del tráfico de influencias» y le atribuye una actuación decisiva en la adjudicación de varios contratos bajo sospecha. En este sentido, Anticorrupción señala cinco obras: las de un dique del Puerto de Barcelona, el Consorcio de Educación, la mejora de la C-55, la plaza de las Glorias de Barcelona y el instituto Lluís de Peguera de Manresa.
En el citado escrito, además, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que emprenda una investigación sobre Gordó, posibilidad que el TSJC ha descartado, de momento, aduciendo falta de concreción en las pruebas, han indicado fuentes judiciales.
Repsol y Copisa
El ex-consejero Gordó se encuentra señalado en el marco del caso del 3% por el contenido de varios emails y apuntes manuscritos encontrados durante los registros de la Fundación CatDem y del domicilio de Xavier Tauler, de la empresa Copisa. Por un lado, ponen de manifiesto supuestas presiones de Gordó a directivos de Repsol para que entregaran una donación de 30.000 euros, pago que efectuaron después de una negativa inicial. Por otro lado, según publica El Periódico, unas anotaciones evidencian la implicación de Gordó en dos adjudicaciones irregulares a Copisa.
Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del 3% considera que hay evidencias e indicios de la comisión por parte del diputado de JxS de delitos de cohecho, tráfico de influencias, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de dinero público durante un periodo (2010-2015) que incluye buena parte de su etapa como consejero de Justicia (2012-2016). Si bien Gordó asegura que no tenía ninguna competencia sobre contratación de obra pública ni en el Gobierno de la Generalitat ni en el partido, la Guardia Civil le atribuye autoridad y capacidad de decidir en la gestión administrativa y económica de Convergència y sus fundaciones.
