La diócesis de Barbastro Monzón reclama 111 obras a Lleida

Dos meses después del traslado de las obras del museo leridano a Sijena se reactiva un nuevo litigio
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El Obispado de Barbastro-Monzón ha presentado este martes en los juzgados de Barbastro una demanda civil contra el Obispado de Lleida y el Museo de Lleida en que reclama la entrega de 111 piezas de la galería leridana originarias de iglesias aragonesas que pertenecieron a la diócesis catalana hasta 1995, cuando pasaron al obispado de Huesca.

La propiedad de estas piezas es un conflicto entre los obispados que se remonta a la segregación de las parroquias en el cual la Iglesia siempre ha dado la razón a la parte aragonesa.

La asociación de Amigos del Museo de Lleida pidió en 2008 el pronunciamiento de los jueces sobre la propiedad de 85 de las 111 obras en disputa entre los dos obispados, del resto el Obispado de Lleida había admitido siempre que las tenía en depósito.

Amigos del Museo de Lleida argumentó que la propiedad de las obras estaba determinada por el derecho de usucapión, la propiedad pacífica de las piezas durante más de un siglo, y también hicieron referencia al dietario del obispo Josep Messeguer: impulsor de la colección, que recoge las donaciones y las compras de las obras.

La jueza sentenció que las piezas pertenecían a las parroquias de las cuales proceden, iglesias de Huesca que dependían del Obispado de Lleida hasta el 1995, cuando pasaron a la diócesis de Barbastro-Monzón y Amigos del Museo de Lleida presentó un recurso a la Audiencia Provincial que tampoco reconoció en 2011 la propiedad del Obispado de Lleida.

Siete años después de la sentencia de la Audiencia, el Obispado de Barbastro-Monzón ha decidido recurrir al juez para conseguir las piezas por la vía civil.

Sólo han pasado dos meses desde la ejecución provisional de la sentencia de un juzgado de primera instancia de Huesca que permitió al Gobierno de Aragón entrar al Museo de Lleida y trasladar al Monasterio de Sijena 44 piezas originarias del monumento de Huesca porque no daba validez a su compra por parte de la Generalitat.

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