Albert Royo, ex-director del Diplocat investigado por el 1-O, ha declarado este martes en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que la Generalitat pagó el viaje y el alojamiento de varios delegados parlamentarios europeos, pero ha negado que ejercieran de observadores internacionales.
Royo ha indicado que estos delegados les habían pedido asistir a los días cercanos al 1-O y que se reunieron con los grupos políticos del Parlamento de Cataluña. También ha alegado que el Diplocat no hace diplomacia en el sentido clásico y no depende directamente de la Generalitat.
Por su parte, la ex-delegado de la Generalitat ante la Unión Europea Amadeu Altafaj ha negado que el pago al think tank The Hague Center for Strategic Studies fuera para observadores internacionales, como apunta la Guardia Civil.
Este cuerpo policial cifra en 119.700 euros los pagos del Diplocat a The Hague Center, que se huele que se pueden corresponder con el viaje y el alojamiento de observadores internacionales del 1-O.
Altafaj ha declarado que la Generalitat, en el marco de la hoja de ruta del proceso, encargó un «informe estratégico» al think tank sobre el posicionamiento internacional de Cataluña.
