La regidora de la CUP en Barcelona, Maria Rovira, y los representantes del sindicato CGT, Josep Garcia y Eulàlia Ribó, han presentado este martes una denuncia a la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC), por un presunto caso de corrupción, acoso laboral y sexual en la Diputación de Barcelona. Según estos documentos, el área de relaciones internacionales de este organismo destinó cerca de un millón de euros provenientes de dinero público para favorecer a empresas catalanas que querían internacionalizarse.
La denuncia consta de cuatro expedientes de la Dirección de Relaciones Internacionales de la Diputación, en los cuales la institución provincial adjudica partidas presupuestarias a varias entidades para proyectos que consideran sospechosos de no perseguir fines sociales. Según los documentos, las irregularidades se habrían producido entre el 2012 y el 2015, cuando la Diputación de Barcelona estaba presidida por CiU.
La CUP y la CGT apuntan a que con la llegada de los convergentes al ente, en 2012, se modificaron sustancialmente las políticas de cooperación al desarrollo, de forma que se empezaron a traspasar dinero procedente de estos fondos a sociedades privadas. Bajo la supervisión del Director de Relaciones Internacionales, Jordi Castells Masanés, se calcula que se dieron un total de 80.000 euros a empresas que hacía pocos meses que se habían construido.
Al respecto, Eulàlia Ribó ha explicado que «muchos concursos se hacían sin la contratación adecuada, como el proceso de publicidad». Josep Garcia, también portavoz del sindicato CGT, ha denunciado que «se ha dado una situación de uso impropio de recursos públicos», y ha añadido que «se han capitalizado recursos por parte de unos intereses de partido de un patrimonio que es de todos y todas».
La denuncia señala, como principales responsables, al ex jefe de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación, Jonathan Jorba, y al entonces director de Relaciones Internacionales de la institución, Jordi Castells. Según los denunciantes, la presunta malversación supera el millón de euros y, hoy por hoy, esperan que Antifrau investigue y traslade el caso a la Fiscalía para que pueda juzgarse.
