El gobierno de Quim Torra ha publicado en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) de este jueves un decreto ley con el que atiende, según la explicación gubernamental, "necesidades financieras del sector público" mediante un aval público en el marco del mantenimiento de la prórroga presupuestaria.

Entre los avales autorizados por Torra y por el vicepresidente económico, Pere Aragonès, figura uno de 24.155.104,38 dólares, casi 21 millones de euros, a Circuits de Catalunya SL, la sociedad participada por la Generalitat que gestiona el Circuito de Barcelona-Cataluña, ubicado en Montmeló. La Generalitat, de este modo, garantiza el pago de ese importe.

Recientemente, el gobierno de Torra había inyectado 4,5 millones de euros a Circuits de Catalunya SL, una decisión que ha justificado por las "fuertes tensiones de tesorería" que afronta la sociedad gestora del circuito por tener que pagar unos elevados costes (fees) para albergar la Fórmula 1 y el mundial de Moto GP.

Las inyecciones económicas al circuito durante la etapa de gobierno de Carles Puigdemont indignaron a la CUP. En particular, una aportación de 21 millones. Los cupaires lamentaban que se invirtiera dinero público en la instalación, que es deficitaria desde 2009, y no en políticas sociales.

El gobierno de Torra ha difundido este junio en Twitter que el impacto económico del circuito fue de 340 millones de euros, de los cuales atribuye 97 millones a la competición de Moto GP. También ha piado que la instalación "tuvo 318 días de actividad el año pasado, 71 de los cuales fueron carreras".

Con el mismo decreto ley publicado este jueves el gobierno catalán autoriza a la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR) a prestar el aval, durante el ejercicio de 2018, "a favor de las entidades financieras que hayan firmado el correspondiente convenio de colaboración y en garantía del riesgo de los préstamos formalizados por estudiantes universitarios para financiar el importe de la matrícula universitaria". El importe máximo, en este caso, no puede superar los 4 millones de euros.