El alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha descartado que el PSC sancione a sus alcaldes que apoyen el referéndum del 1 de octubre, que espera que sean pocos. Según ha explicado en TV3 este viernes, eso sí, «con la ley suspendida cautelarmente por el TC, parece claro que el 1-O saldríamos del marco legal». Ros, asimismo, considera que se está intentando municipalizar la organización del referéndum. Todo apunta que todas las capitales de comarca en la provincia de Lleida facilitarán el referéndum excepto la Lleida de Ros y Vielha, que gobiernan los socialistas con Unitat d’Aran. Ros espera recibir este viernes el informe que ha solicitado, pero cree que el Tribunal Constitucional dejó claro el asunto «desde un punto de vista legal», y ha asegurado que la Paeria cumplirá con la legalidad.
Las dudas sobre qué hará el Ayuntamiento de Barcelona con la carta que envió el gobierno catalán para saber la disponibilidad de los colegios electorales también están presentes en ayuntamientos socialistas del área metropolitana de la capital catalana.
Núria Marín, la alcaldesa del segundo municipio catalán por número de habitantes, l’Hospitalet de Llobregat, ha pedido una informe a la secretaría municipal sobre la cesión de los colegios, lo mismo que su homóloga barcelonesa, Ada Colau. Durante las últimas horas, la alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, ha manifestado que «no podemos comprar un billete a un embrión de Estado que vulnera los derechos de los diputados/as que no acatan sus planes».
Por su parte, el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha manifestado que no responderá a la carta del presidente Carles Puigdemont si no hay claridad jurídica, de manera que «implícitamente estaremos diciendo no». En la misma línea que Parlon, ha dicho que «lo que pasó ayer en el Parlamento de Cataluña es la muerte institucional del diálogo político».
Ballart y Tarrassa
Inmerso en la municipalización del agua en Tarrassa, el alcalde Jordi Ballart (PSC) no ha dicho qué hará con relación a la carta del gobierno catalán. Sólo ha expresado que el Ayuntamiento no actuará fuera de la legalidad ni hará nada que afecte los trabajadores públicos. Anteriormente, Ballart había manifestado que los tarrasense podrán votar el 1-O y, a pesar de manifestar respeto por la posición de su partido, se desmarcó cuando dijo que «no soy nadie para prohibir el derecho a voto».
La carta del gobierno español
Por su parte, el gobierno de España ha remitido cartas a los ayuntamientos catalanes, dirigidas sus secretarios e interventores, para que rechacen la «exigencia» del gobierno catalán de ceder locales. El mensaje, firmado por el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, señala que el referéndum convocado por el gobierno catalán «atenta» contra la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y recuerda que el Tribunal Constitucional ha prohibido los actos preparativos.
