Rebelión contra las denegaciones de la Renta Garantizada de Ciudadanía

El Parlament censuró la gestión del gobierno de la Generalitat
renda minima garantida
El equipo promotor de la Renta Garantizada de Ciudadanía ante las puertas del Parlament

La Comisión Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha convocado, este jueves 13 de diciembre, a las personas a las que se ha denegado su concesión o se les ha retirado una vez ya concedida. El objetivo de esta reunión, que se hará en el Casal de Barri Pou de la Figuera, en Barcelona, es aprobar "propuestas de acciones e iniciativas para hacer cumplir la ley y hacer respetar el derecho de las personas a la Renta Garantizada de Ciudadanía".

Esta "asamblea de entidades y personas afectadas" tendrá lugar tres semanas después de que el Parlamento de Catalunya aprobara una moción que censuraba la gestión de la Renta Garantizada que ha hecho el gobierno de la Generalitat desde su puesta en marcha en septiembre de 2017 y que lo conminaba a aplicarla adecuadamente en los proximos seis meses. La moción aprobada en el Parlamento, con los votos en contra de 'Junts per Catalunya' y Esquerra Republicana, exige el gobierno catalán que revise todas las solicitudes rechazadas. La Comisión Promotora calcula que son unas 50.000 las personas que han visto cómo se les denegaba la prestación.

El departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, dirigido por Chakir El Homrani, pone trabas a la supervisión de su gestión por parte de la Comisión Promotora de la RGC, pese a que así está previsto en la ley que la creó. Además, ha aplazado en varias ocasiones las reuniones que tenía que celebrar con representantes de esta Comisión. En cambio, Trabajo ha insertado publicidad triunfalista en varios medios de comunicación afirmando que más de 113.000 personas ya reciben la prestación. De estas 113.000 personas, 68.350 pertenecen a unas 27.000 familias, muchas de las cuales ya recibían la Renta Mínima de Inserción. El resto, unas 45.000, son pensionistas y beneficiarios de prestaciones estatales, a las que sólo se les abona la diferencia entre la ayuda que recibían y la RGC, que era de 564 euros mensuales durante el primer año y a partir del septiembre pasado tendría que haber llegado a los 604 euros.

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