El gobierno central ha respondido negativamente y por carta a la petición hecha por el presidente catalán, Quim Torra, en la cual también por carta pedía al gobierno de Rajoy que desencallara el nombramiento de los consejeros propuestos por él mismo, y en el que se incluían Josep Rull, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig, que se encuentran huidos o en la prisión.
El ejecutivo de Mariano Rajoy ha enviado la respuesta a Víctor Cullell, secretario del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, en la cual le informan que el análisis jurídico hecho por la Moncloa concluye que no puede publicar los nombramientos de Torra porque no tienen «viabilidad jurídica».
El encargado de responder al gobierno catalán ha sido el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, a la vez número dos de la vicepresidenta del gobierno central, Soraya Saénz de Santamaría.
En su carta, Bermúdez de Castro afirma que «la propuesta que efectúa en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz, pues, atendiendo parámetros exclusivamente jurídicos, no podrán ejercer sus funciones institucionales como consejeros con arreglo a las previsiones y exigencias que para tal cometido recoge la normativa vigente».
El informe al que hace referencia el secretario de Estado ha sido elaborado por la Abogacía General del Estado con fecha del 28 de mayo. Según el texto, el informe «avala, concreta y desarrolla los argumentos» por los cuales considera «que no es factible la publicación pretenida» por parte de Torra.
