El rey de Arabia Saudita, Salman bin Abdelaziz, ha desatado un terremoto en este riquísimo país petrolero de 32,3 millones de habitantes. Haciendo bandera de la moralización de la vida pública y de la lucha contra la corrupción, ha ordenado la detención de 208 implicados en una colosal trama delictiva que habría robado y estafado, en los últimos años, más de 100.000 millones de dólares. Entre los detenidos hay 11 príncipes de la dinastía reinante y 38 ministros y altos cargos públicos, como los máximos responsables de la Guardia Nacional y del servicio de inteligencia.
Los analistas señalan que esta espectacular razia contra la corrupción esconde, en realidad, un autogolpe de Estado del rey Salman para allanar el camino de la sucesión al hijo primogénito de su influyente segunda esposa, el príncipe Mohamed bin Salman. El fundador de la dinastía reinante, Abdelaziz bin Saud (1876-1953), dejó 37 hijos reconocidos de 22 esposas. Después de su muerte, ocuparon consecutivamente el trono seis de sus hijos, hasta llegar al actual rey Salman. Según la ley hereditaria, el cetro tenía que pasar de hermano a hermano y, con la muerte del último, saltaría a la segunda generación, empezando por el primer nieto del rey Abdelaziz.
La poligamia que permite el Islam ha hecho que, en la actualidad, la casa de los Saud tenga más de 20.000 príncipes y princesas, que constituyen la élite de la Arabia y están envueltos en mil-y-un conflictos de intereses y luchas intestinas para controlar y saquear los ingresos del petróleo. Esta maraña ha acontecido venenosa y tóxica y el rey Salman, que promueve un ambicioso programa de modernización del país, ha decidido tirar por el derecho y quiere facilitar el traspaso de poderes a la segunda generación con la designación como heredero de su hijo Mohamed -que tiene otros hermanastros más grandes-, de forma que rompe la cadena dinástica establecida por su padre, Abdelaziz bin Saud.
Con este autogolpe de Estado, el rey Salman no solo ha querido cortar el monstruo de la corrupción que está diezmando las finanzas del país. También lo ha aprovechado para neutralizar, arrestándolos y embargándoles los bienes, los enemigos de esta ruptura de la línea sucesoria, que cuenta con el apoyo declarado del presidente norteamericano, Donald Trump.
Entre los principales damnificados por esta razia, dirigida por la Fiscalía de Arabia Saudí, se encuentra el multimillonario príncipe Al-Walid bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo, propietario de la cadena hotelera Four Seasons y con intereses accionariales en grandes empresas multinacionales, como News Corp. o Twitter.
En el marco de esta operación anticorrupción también ha sido detenido el príncipe Turki bin Nasser, estrechamente vinculado a Barcelona desde hace años, donde es el propietario del lujoso hotel Rey Juan Carlos I, en la avenida Diagonal, y tiene una casa particular en la avenida Pearson. Emparentado con un ex-ministro de Defensa de la Arabia Saudí, este príncipe se vio envuelto, a finales del siglo XX, en un escándalo de corrupción por el cobro de comisiones en la compra, por valor de 60.000 millones de euros, de aviones de combate y de armamento en la Gran Bretaña (caso Al-Yamamah).
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