"Es procedente desestimar la reclamación de responsabilidad patrimonial instada por el Sr.A por la asistencia sanitaria prestada en el Centro de Urgencias de Atención Primaria Manso, de Barcelona, y que atribuye a una atención médica negligente por carencia de pruebas diagnósticas con motivo de un dolor costal en la zona epigástrica". Esta es la conclusión del último dictamen por una denuncia de negligencia médica aprobado por la Comisión Jurídica Asesora (CJA) de la Generalitat, el pasado 12 de julio. Es una conclusión casi idéntica a la de las otras 45 que ha emitido durante este año.

En los meses de junio y julio se han disparado estos dictámenes. De los 25 dictados, 22 desestiman las denuncias presentadas, dos las estiman y en un caso se pide que se replantee. Por lo tanto, la Generalitat se ha negado en 9 de cada 10 casos a pagar las compensaciones reclamadas por los ciudadanos por lo que consideran negligencias médicas incorrectas. Además, los casos se van acumulando porque los dictámenes de la CJA corresponden a denuncias presentadas ya hace años. La que hizo el mencionado Sr.A fue presentada el 8 de julio de 2016, pero se refiere al tratamiento que recibió en el CAP de Manso y en el Hospital Clínico en el año anterior, con una intervención que se hizo al mes de abril. La denuncia incluye el informe pericial de una doctora forense que considera que no se hicieron los estudios pertinentes para detectar cual era la mejor manera de tratar el cáncer de próstata que sufría.

A la CJA llegan las denuncias después de que los servicios jurídicos del departamento de Salud las hayan rechazado, cosa que se hace prácticamente de forma sistemática. La CJA incorpora un informe del Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas (ICAM), que siempre se decanta contra los intereses de los denunciantes. Se entiende que los juristas de la Generalitat descarten casi siempre las reclamaciones patrimoniales planteadas por las personas que consideran que han sufrido una negligencia sanitaria.

 

Un adenocarcinoma tratado con retraso

La lectura íntegra de los dictámenes de la CJA predispone, en ocasiones, a pensar que acabará dando la razón a los denunciantes, pero casi nunca es así. Los hay de muy chocantes, como el que trata del retraso en el diagnóstico de un adenocarcinoma de recto que, según una hija del paciente, acabó provocándole la muerte, el 14 de abril del 2014. El seguimiento que se hizo de este paciente en los hospitales de Mollet y Granollers fue incorrecto y retrasó el tratamiento que podría haberle alargado la vida, según ella. Una vez más, sin embargo, el ICAM dicta que "la atención prestada al paciente puede encuadrarse dentro de la normopraxi asistencial, siendo los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y de seguimiento los adecuados". La CJA cree más en el informe del ICAM que en los periciales presentados por la familia del difunto y desestima la reclamación. Se anima, aun así, a recriminar al departamento de Salud la demora en su tramitación: "Quienes reclaman tienen derecho a obtener una respuesta motivada de la Administración sin que tenga que quedar inactiva durante un tiempo de espera que a ojos del destinatario puede aparecer a menudo como indefinido y que evidencia una actuación que tiene que ser impropia del servicio que ofrece a los ciudadanos".

Las denuncias por supuesta mala praxis médica ocupan gran parte del trabajo de esta Comisión Asesora de la Generalitat. En este año 2018 ha emitido unos 150 dictámenes, de los cuales 45 tratan de estas reclamaciones. Es decir, una tercera parte de su trabajo. Vista la tendencia a desestimar las denuncias, los abogados que se han especializado en este ámbito recomiendan a los afectados que dejen de lado la vía contenciosa administrativa y opten por los tribunales civiles. Es el caso de José Aznar, del despacho Servicios Jurídicos Verdún, que ha impulsado la realización de un documental que denuncia las negligencias médicas: Que no pase más. A su entender, las posibilidades de éxito de una demanda por mala praxis sanitaria son muy superiores por esta vía, a pesar de que también depende mucho del juzgado al que vaya la denuncia por reparto. Los juzgados 16 y 17 son los más receptivos a entender las razones de los denunciantes. "Por la vía contenciosa administrativa tienes el 99% de posibilidades de perder", dice.

Aznar explica que litigar con la Generalitat es difícil, porque el departamento de Salud dispone de toda la información que necesita "simplemente cogiendo el teléfono, y nosotros tenemos que hacer grandes esfuerzos de investigación". Para este abogado, el aumento de denuncias que se ha constatado en los últimos tiempos hay que vincularlo a la mejora de la situación económica y a que los jóvenes están más predispuestos a pedir explicaciones que sus padres y abuelos. "A los jóvenes de ahora cuesta más colarles goles y que se traguen cualquier excusa para justificar una atención sanitaria que consideran equivocada", dice.

La CJA elabora dictámenes de las denuncias que reclaman más de 50.000 euros. Los dos únicos favorables a los denunciantes que ha emitido en los meses de junio y julio comportan compensaciones de 188.845 euros y 40.000 euros. El primero corresponde al caso de una mujer a la cual enel CAP de Sant Roc, en Badalona, le prescribieron por un error en la receta electrónica que tomase un medicamento para tratar el hipotiroïdismo una vez cada siete horas cuando debía ser cada siete días. Acabó sufriendo secuelas cerebrales graves e incapacidad permanente. El segundo reconoce el derecho a recibir 40.000 euros por los denunciantes de un error cometido en el servicio de urgencias del Parque Sanitario de San Juan de Dios, en Sant Boi de Llobregat, con un paciente al que se le diagnosticó depresión cuando había sufrido un infarto cerebral. En ambas ocasiones, el ICAM consideró que la actuación médica era irreprochable.

 

150.000 euros por confundir un tumor

El tumor que tenía en la pierna derecha y que le extirparon en una operación en el hospital Arnau de Vilanova, en Lleida, el abril del 2014, era maligno. Pero el especialista en anatomía patológica que la trató creía que era benigno y se lo dijo, con lo cual ella se fue más tranquila a casa. Sin embargo, un par de meses después se tocó un pecho y encontró un bulto extraño. Era otro tumor. La biopsia que le hicieron demostró que era una metástasis del cáncer que tenía en la pierna. Ahora había alcanzado también a los pulmones, el páncreas y el glúteo. La Audiencia de Barcelona ha condenado hace unos días al Instituto Catalán de la Salud a pagar 150.000 euros a esta paciente, que está en tratamiento, ahora, en el hospital de Sant Pau, en Barcelona. Para el tribunal que ha dictado esta sentencia, la equivocación en el diagnóstico la expuso a un cáncer "altamente agresivo, de rápida progresión y crecimiento", situación que se habría podido evitar, según el juez, si se hubiera hecho un diagnóstico y un tratamiento correctos cuando la mujer presentó los primeros síntomas en 2012. Este puede ser uno de los ejemplos en que la vía judicial es más eficiente que la contenciosa administrativa.

Un caso poco habitual es cuando el denunciante y el hospital llegan a un acuerdo. Es lo que pasó en el hospital del Valle de Hebrón con la mujer de 28 años que se quedó estéril después de tener un niño en 2014. Había tenido otro antes mediante una cesárea. Los protocolos médicos indican que en este supuesto se tiene que practicar una nueva cesárea, puesto que el parto vaginal supone el riesgo de que se rompa el útero. Además, hay que advertir a la madre del riesgo que supone optar por el parto vaginal. No se lo consultaron y tampoco le hicieron un seguimiento especial en las horas previas al parto. Al complicarse el parto vaginal, los médicos optaron por la cesárea y se dieron cuenta de que el útero estaba totalmente roto. El niño nació sano, pero la madre no podrá darle más hermans. El hospital del Valle de Hebrón la tuvo que indemnizar ahora hace dos años con 77.813 euros.