La consultora Efial es el hilo conductor de la investigación que dirige el juzgado n. 2 de Girona por las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa Agissa, que tiene la concesión del suministro de agua en las ciudades de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Este sumario, que conecta con una de las piezas separadas del caso 3% que instruye el juez del Vendrell Josep Bosch, cuelga como una espada de Damocles sobre la cabeza del actual presidente de la Generalitat y ex-alcalde de Girona, entre los años 2011 y 2015, Carles Puigdemont.
En el origen de la empresa Efial hay un peso pesando del pujolismo: Jaume Sabater, que fue el primer alcalde democrático de Portbou (1979-83) y que, con posterioridad, se trasladó a Andorra, donde llegó a ser director general de Andbank (1998- 2008), en los años en que la familia Pujol operaba intensamente con esta entidad financiera. Los investigadores sospechan que Jaume Sabater, a través de Efial, había montado una estructura para blanquear la evasión de dinero en Andorra.
La consultora Efial trabajaba casi en exclusiva con ayuntamientos gobernados por Convergencia, ofreciendo una amplia gama de servicios de asesoramiento, y el contrato que firmó con el ex-alcalde de Torredembarra, Daniel Massagué, la puso en el radar del escándalo del caso 3%.
Con la llegada de Carles Puigdemont a la alcaldía de Girona, Efial empezó a recibir encargos del ayuntamiento. Es evidente que la conexión política existió y que el actual presidente de la Generalitat recibió órdenes superiores para contratar la consultora de la cual Jaume Sabater, que mantiene la residencia en Andorra, era el consejero delegado (2012-2014).
En total, el Ayuntamiento de Girona, durante el mandato de Carles Puigdemont, adjudicó seis contratos a Efial, por un importe global de 113.000 euros, siempre a dedo y troceando los importes para evitar la convocatoria de un concurso público. De entrada, Carles Puigdemont utilizó Efial para investigar posibles actuaciones irregulares de la etapa anterior, cuando los socialistas gobernaban en el ayuntamiento. También encargó a la consultora que analizara las cuentas de la empresa Agissa (que es en un 20% de titularidad municipal), en el marco de las negociaciones para la renovación de la concesión del servicio de aguas hasta el año 2020. De este modo, Carles Puigdemont consiguió que la empresa privada Girona SA (que tiene el 80% de Agissa) aportara 3,75 millones de euros que se destinaron, en parte, a pagar un capricho personal del ex-alcalde: la compra a la familia de Rafael Santos Torroella del fondo documental acumulado por este crítico de arte.
Pero el informe que, a instancia de Carles Puigdemont, hizo Efial sobre las cuentas de Agissa ha acabado convirtiéndose en un bumerang que ha impactado… contra los morros del presidente de la Generalitat. Esta auditoría es la base que, con posterioridad, han aprovechado la Oficina Antifrau de Cataluña (OAC), la Fiscalía, la Guardia Civil, la CUP y los juzgados del Vendrell y Girona para profundizar en las irregularidades detectadas en la empresa concesionaria y que salpican al ex-alcalde y Convergencia.
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