La inseguridad residencial por motivos económicos comporta una mayor probabilidad de presentar depresión, ansiedad, malestar psicológico o suicidios, así como mala salud percibida o hipertensión, entre otras afectaciones. Esta afirmación aparece en el informe Una mirada en profundidad a la salud de las personas afectadas por el acceso a la vivienda y la pobreza energética, que es el tercero de una serie de radiografías de la situación del derecho a la vivienda, la pobreza energética y su impacto a la salud en Barcelona.
En el estudio han participado 167 persones miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y/o de la Alianza Contra la Pobreza Energética (APE) y ha sido diseñado por el Observatorio DESC, la PAH, la APE, Ingeniería Sin Fronteras y la Agencia de Salud Pública de Barcelona.
El 31,8% de los hombres encuestados y el 52,6% de las mujeres encuestadas refirieron que tenían un estado de salud regular o malo, en contraposición con el 15,5% y el 18,4% de los hombres y mujeres de Barcelona que no sufren esta situación. Esto supone que los hombres con problemas habitacionales consideran que tienen una mala salud en un porcentaje que duplica la sensación que tienen los barceloneses en general, porcentaje que se triplica en el caso de las mujeres.
El 16,3% de los hombres y el 46,1% de las mujeres de la PAH o la APE dijeron que habían tenido migraña el año anterior. El 34,1% de los hombres y el 54,8% de las mujeres se refirieron a males de espalda crónicos.
En cuanto a la salud mental, las diferencias con la población general son todavía más grandes. El riesgo de sufrir mala salud mental es cuatro veces más alto en las mujeres encuestadas y cinco veces más en los hombres en comparación con la población barcelonesa global. Un 20,5% de los hombres y un 38,6% de las mujeres declararon haber consumido ansiolíticos, antidepresivos o pastillas los dos días previos a contestar la encuesta.
Entre las medidas para combatir esta realidad, los autores del informe piden más recursos para la vivienda, el aumento del parque de alquiler social, evitar que se produzcan desahucios por motivos económicos y que no se recorten los suministros a ninguna familia vulnerable.
