La plataforma Pobreza Cero-Justicia Global ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el pasado 17 de octubre, para hacer una crítica contundente de la política de las administraciones públicas para luchar contra esta lacra. "Cuando el 17 de octubre del 2017 clamábamos «¡Contra la pobreza y las desigualdades, exigimos nuestros derechos!», poco nos podíamos imaginar que un año después los adelantos serían tan exiguos", denuncia el manifiesto elaborado por esta plataforma, que agrupa 3.200 organizaciones del ámbito de la acción social, la cooperación, la paz y los derechos humanos en Cataluña.
El manifiesto, que se titula Derechos vulnerados, pobreza cronificada y desigualdades en aumento, recuerda que "hay realidades que no tienen espera. Las personas tienen que poder cubrir sus necesidades básicas por todas partes y en todo momento, pero, más allá de estos mínimos, hay que trabajar de manera permanente para construir un orden social justo y equitativo que garantice el cumplimiento universal de los derechos humanos". El texto denuncia las excusas que algunas administraciones aducen para justificar el estancamiento de la lucha contra la pobreza. "Al margen de coyunturas políticas y de conflictos competenciales, los poderes públicos tienen que velar para que el interés general prevalezca y se imponga por encima de intereses particulares, partidismos y estrategias electorales", se lee.
Se denuncia que "tanto en Cataluña cómo en el conjunto del Estado hemos sufrido graves retrocesos en el terreno social que, a pesar de la supuesta recuperación económica, no se han revertido". Las entidades sociales están cansadas de las buenas palabras con las que responden los representantes públicos a sus requerimientos y que después no se concreten en acciones eficaces y reales. El argumento de los efectos de la crisis económica ya no sirve para esconder esta ineficacia.
"Después de un largo periodo de letargo, los discursos vuelven a poner sobre la mesa las cuestiones sociales y los pilares del Estado del bienestar que tendrían que asegurar una vida digna a todo el mundo (salud, educación, servicios sociales, vivienda y suministros básicos, ingresos mínimos, equidad de género, trabajo, acogida e integración…)", pero, a pesar de que si bien la cohesión y la inversión social aparecen como una prioridad sobre el papel en los discursos políticos, la plataforma considera que "en la práctica quedan totalmente desdibujadas".
La renta garantizada de ciudadanía generó muchas ilusiones entre las entidades que la impulsaron. El Parlament la aprobó después de regateos y trabas considerables por parte del grupo mayoritario en la Cámara, Junts pel Sí. Finalmente, pero, los impulsores de la iniciativa legislativa popular que recogió más de 120.000 firmas favorables a esta renta aceptaron el redactado de la ley que le dio vida. Ahora, pero, aquellos impulsores muestran su decepción por la lentitud con la que se está desarrollando y la cantidad enorme de solicitudes de la prestación que ha denegado el departamento de Trabajo, que dirige Chakir El Homrani.
"El único gran adelanto logrado últimamente en materia social, la renta garantizada de ciudadanía, está muy lejos todavía de satisfacer las expectativas que despertó y las deficiencias en su aplicación han limitado de forma notable su alcance", aseguran desde Pobreza Cero-Justicia Global. El Síndico de Agravios ha asumido las reclamaciones planteadas contra la aplicación restrictiva de la ley que creó la renta garantizada de ciudadanía y también presiona el gobierno de la Generalitat para que la desarrolle correctamente y no provoque tantas frustraciones como está causando durante los últimos meses.
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