El gobierno español ha remitido requerimientos a la Generalitat de Cataluña sobre supuestos casos de adoctrinamiento político a los alumnos, con los que le insta a la restauración de los «derechos conculcados» y a la depuración de responsabilidades.
El Ministerio de Educación ha recibido quejas de padres y madres de alumnos de 24 centros escolares catalanes, relativas a presuntos casos de adoctrinamiento o falta de neutralidad de los profesores en relación al proceso.
Después del 1-O, en concreto, se ha alertado al ministerio que encabeza Íñigo Méndez de Vigo de prácticas en este sentido en colegios e institutos de Tàrrega, Reus, l’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Terrassa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Ripoll, Viladecavalls, Sant Pol de Mar, Gualba, Llagostera, Vall-llobrega y la Selva de Camp.
Los denunciantes, según el gobierno español, indican que se ha movilizado a niños para protestar por el encarcelamiento de los Jordis, que se han dado charlas pro-independencia, que se ha castigado por hablar en castellano y que se ha enseñado a los niños a votar «sí» en urnas fabricadas por la profesora. También se ha denunciado el seguimiento de huelgas y paros por parte del profesorado, una propuesta para celebrar una fiesta con una camiseta estelada y un recibimiento a alumnos mientras sonaba Els Segadors.
