Florentino Pérez verá jugar finalmente a Neymar con la camiseta del Real Madrid, y consumará así el juramento de venganza que se prometió a si mismo cuando, en 2012, fruto de una habilidosa maniobra del entonces presidente del Barça, Sandro Rosell, el fichaje del delantero brasileño, que creía atado, se le escapó de las manos y acabó en el Camp Nou un año después.
Fue en 2013, coincidiendo con la llegada de Neymar en el Camp Nou, cuando Sandro Rosell, que nunca antes había pisado un juzgado, empezó a coleccionar querellas, dos de las cuales como consecuencia directa de la operación, pero sin que el club vendedor, Santos de Brasil, subscribiera ninguna ni se presentara como perjudicado.
En cambio, este papel lo asumió el Estado a través de la Audiencia Nacional, dispuesta a comprar y justificar cualquier argumento para sostener y mantener las causas abiertas contra el Barça y Sandro Rosell como fuera. En la segunda querella, promovida por el fondo de inversiones DIS, ausente, ajeno y sin participación legal en la negociación del Santos con el Barça, se produjo la inédita e inquietante manifestación del magistrado José de la Mata admitiendo que abría vista oral por imposición del fiscal después de no haber encontrado indicios de delito en la instrucción y después de haber archivado el caso.
Siempre ha habido la sensación de que alguien con un grande poder movía desde Madrid los hilos de esta secuencia de actuaciones de la justicia, en todos los casos con el denominador común de ir contra los intereses del FC Barcelona y de Rosell. Esta percepción se ha traducido en sospechas de que algo se podría haber cocinado en el palco del Bernabéu, el mismo centro de negocios y de subastas de influencia donde se cerró el más indecente de los tratos de favor de un gobierno a una empresa privada, como es el caso del cierre e indemnización de la Plataforma Castor. Si el Madrid pretendía fichar a Neymar, por supuesto que le convenía que se abrieran estos frentes antiblaugranes con el doble propósito de criminalizar su fichaje y de generar en el entorno personal y familiar de Neymar la máxima insatisfacción por las idas y venidas a la Audiencia Nacional y por la mala imagen mediática.
A la Audiencia Nacional le vino como anillo al dedo la complicidad de un soldado del laportismo como Jordi Cases. Con su querella empezó todo, aunque la retirara y se escondiera del mismo barcelonismo al cual sabía que acababa de clavarle una puñalada profunda en el corazón. El año pasado al Madrid no le costó ningún esfuerzo encontrar en el PSG un presidente como Nasser al-Khelaifi, dispuesto a jugar contra el Barça, indignado como estaba por el lamentable final de las relaciones del Barça con Qatar Airways. Su audacia y dinero fueron suficientes para romper el vínculo de Neymar con el Barça cuando estaba a punto de iniciarse la temporada oficial.
La venganza, pues, está servida. El Madrid solo tiene que empeñarse en una operación de 400 millones de euros, ya sea para poner la guinda al equipo que ha ganado tres Champions consecutivas o para refrescarlo, jubilar la BBC y presumir de haberle pagado al Barça con su propia medicina.
Sin embargo, el desagravio de Florentino Pérez y el Madrid no se habría podido producir sin la participación destacada del entorno al mismo FC Barcelona, una alianza de fuerzas laportistas, cruyffistas, guardiolistas y de Mediapro que combatieron la gestión de Sandro Rosell desde el día que asumió la presidencia del club, el julio del 2010.
Cuando esta comunidad del business Barça percibió que el caso Neymar, abierto desde sus filas, podía convertirse en una arma arrojadiza y sangrienta, no dudó en organizar una potente campaña periodística de crítica, sospechas, recelo y acusaciones para desgastar la junta -de hecho, Sandro Rosell dimitió del cargo coincidiendo con su primera imputación-, pero sobre todo para darle munición al Madrid en su intento de hacer infeliz la vida de Neymar en el Barcelona.
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